La Contraloría General de la República determinó un hallazgo con presunta incidencia fiscal por la suma de $35.937 millones de pesos en el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), originado por sobrecostos en la adquisición del inmueble donde actualmente funciona esta entidad.

Se incumplió el principio de planeación contractual y se materializó una gestión antieconómica, consideró el organismo de control al analizar la operación realizada por la anterior administración de la entidad.

El daño patrimonial se deriva de las debilidades que se dieron en la estructuración del proceso precontractual, específicamente al no proveer un adecuado procedimiento para establecer un precio de referencia comparable.

Y se da también por inconsistencias en el proceso de homogenización de la muestra de mercado inmobiliario consultada por la firma avaluadora (Valor S.A.) para determinar el valor comercial del inmueble, lo que según concepto técnico de la Contraloría debilitó la objetividad que se requería para este fin e impuso un alto nivel de subjetividad.

El precio total de compra del inmueble (terreno y construcción sin incluir traslado tecnológico y mobiliario) ascendió a la suma de $70.713 millones, que comparado con el valor comercial retrospectivo determinado para la CGR por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC ($34.775 millones), genera un daño al patrimonio del Estado en la cuantía señalada ($35.937 millones).

Para la Contraloría es claro que la falta de planeación y selección objetiva, ligada a las deficiencias en los estudios de conveniencia y específicamente en el de mercado, constituyen una vulneración al deber funcional de los servidores que participaron en la elaboración de los estudios previos y en el proceso de adquisición del inmueble.

La Contraloría Delegada para Gestión Pública e Instituciones Financieras resolvió así una denuncia ciudadana presentada en el curso de la auditoría realizada al Fondo Nacional del Ahorro (vigencia 2015).

Este hallazgo administrativo tiene también connotación disciplinaria y, por lo tanto, será trasladado para lo de su competencia a la Procuraduría General de la Nación.